La sentencia arbitral y espacios marítimos entre seis países confrontados en el Asia

La sentencia arbitral sobre espacios marítimos entre seis países confrontados en el Asia

Profesor Dr Carmelo Borrego

La sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya es una decisión que intenta resolver un conflicto sobre aguas marítimas en la parte sur de China donde además otros pequeños países tienen intereses,  mar territorial y zona económica exclusiva. En especial, Filipinas fue el demandante en este caso, a lo  que se unieron otros Estados aledaños (Vietnam, Brunei, Malasia, Indonesia y Taiwán).

Ahora bien, el fallo decretado o sentencia arbitral de julio 2016, que aparentemente tiene efectos vinculantes, pero, que China considera nulo y carente de efectos jurídicos, por lo tanto, no ejecutable, habida cuenta del no reconocimiento de la jurisdicción de la referida Corte en ese asunto; el fallo busca detener la defensa de China sobre los espacios territoriales que se extienden por más de 2000 km de costa,  que genera mar territorial, plataforma continental y zona económica exclusiva, y basado en los criterios de extensión de mar territorial y zona económica que se funda por efecto de la existencia y dominación de islas, islotes y rocas, conforme al Derecho del Mar. Discurre la defensa China que esos puntos marítimos le pertenecen de pleno Derecho. De hecho, han establecido un marco de 9 puntos de coordenadas (línea de nueve trazos) para afianzar la tesis del dominio de áreas marinas y submarinas, cuestión que fue informada en el año 2009 a la ONU para que no quede duda sobre los derechos de tales zonas acuáticas. Empero discutida  en clara oposición por los Estados ribereños Taiwán, Vietnam, Malasia, Brunei, Indonesia y especialmente por Filipinas.

Empero, la reclamación de Filipinas es debido a la extensión que hizo China sobre las proximidades hacia su territorio, quien también supone que tiene pleno derecho sobre el espacio marítimo;  además de la ocupación que hizo China del banco de scarborough (arrecifes marinos) que se encontraría en su espacio territorial y la creación de islas artificiales y otras reclamaciones como la obstrucción en la pesca, poner en riesgo el intercambio marítimo y la desprotección del medio ambiente marino, además, se incorpora otra tesis alimentada por EEUU sobre la creación de bases militares con evidente influjo en el control militar de la zona, tesis que obviamente tiene el propósito de incitar la tensión militar para una  posible y creciente confrontación China y EEUU; asimismo, los demás países refieren situaciones parecidas sobre ocupación de espacios marítimos donde tradicionalmente, como sería el caso de Vietnam, sus pescadores laboraban desde hace varios siglos atrás y por lo tanto, consideran que se les está vulnerando su integridad territorial. Es decir, se trata de un entramado complicado sobre la geopolítica de la zona que ha de ser manejada con criterios racionales y de alta política para evitar el quebrantamiento de la paz y se evite una pugna bélica  indeseada a gran escala.

Ahora bien, el espacio marítimo en controversia contiene enormes riquezas naturales, entre las cuales se cuenta yacimientos de petróleo y gas, que podría estar en el orden de los 2 billones de barriles de petróleo y cantidades no descritas de gas, por otro lado, se dice de gran cantidad de especies marinas que han de ser conservadas. A todo esto se une el enorme tráfico marítimo comercial de mercancías que se calcula en varios miles de millones de euros. De modo que no queda duda acerca del enorme interés geoestratégico que despierta este área en conflicto, especialmente para los países comprometidos, pero también para los Estados Unidos y países Europeos, quienes tienen definidas influencias e historias injerencistas para no perder la costumbre.

Por su parte, la reciente distensión entre Manila y EEUU, de igual forma con la Unión Europea y la ONU, a propósito de la dantesca y bárbara guerra antidrogas llevada a cabo por el Presidente filipino Duterte,  brinda a favor de China un mejor posicionamiento y  la oportunidad de entrar en una fase de negociación más holgada a fin de concretar sus logros estratégicos de dominación del espacio controvertido. De hecho, ya el Presidente filipino al momento de producirse el fallo de la Corte Permanente de arbitraje de la Haya, donde se declaró que China no tiene bases legales que sustenten sus reclamaciones basadas en derechos históricos comprendidas bajo el área de la 'línea de los nueve trazos", había manifestado su propósito de no polemizar con China sino entrar a negociar posibles arreglos, obviamente el gigante asiático lleva la ventaja por haber fijado las bases jurídicas y fácticas para enfrentar las embestidas de los ribereños y de los estados injerencistas. Ahora, lo importante es como de este conflicto surgen soluciones prácticas, pacíficas y concordadas sin que tenga que avanzarse o escalarse a estadios violentos que en definitiva, no resuelven nada y al contrario, dejan mayores daños que beneficios. La capacidad de negociación será definitiva para que, en el marco del respeto de las soberanías todos puedan considerar dar y recibir en atención a las proporcionalidades, historias, costumbres, títulos, dominación y potencialidades de progresos conjuntos comprometidos con el desarrollo sustentable de los pueblos.

El tema del Esequibo en la actualidad

La Verdad Axiomática sobre el Esequibo


Carmelo Borrego
Doctor en Derecho
Especialista en Ciencias Penales y Derecho Internacional Público
Profesor Titular UCV

Una premisa es incontestable, Venezuela no ha dejado de tener una postura determinada y clara en protección y resguardo de la integridad territorial, principalmente en el caso del Esequibo. Los distintos discursos dados por  el Presidente actual de la República Cooperativa de Guyana, incluso su Canciller, en alocuciones y presentaciones ante distintos escenarios locales e internacionales así lo confirman. Es decir, no ha habido un solo momento en la historia remota y reciente donde se pueda avizorar, de parte de Venezuela, la tesis de la renuncia, conocida también como aquiescencia.

En los siglos 19 y 20 y lo que va del 21, el gobierno venezolano ha hecho todo cuanto ha podido en el campo diplomático,  para deslegitimar el grosero despojo del territorio venezolano. En el siglo 19 se contrarrestó  el avance doloso y articulado de los ingleses para dominar tierras al oeste del rio Esequibo (la otrora Provincia de Guayana) donde no tenían posibilidad alguna de legitimar tal malhadada acción. Quizás lo único que le faltó a los gobiernos venezolanos de ese momento histórico, fue comprometerse en una guerra. Pero, ¿cómo se enfrentaba un país pobre, desarticulado política y militarmente, por demás desarmado contra una de las potencias imperiales de la época?. De haber enfrentado la agresión en términos bélicos, hubiera perdido hasta el Orinoco, mediante una posible capitulación,  que era la aspiración depredadora de los británicos. De todas maneras, la diplomacia incipiente sirvió a medias, pero igual, bajo actos dolosos fraudulentos concretados y evidenciados en el Laudo de París, a Venezuela le fueron arrebatados, en vez de 203 mil Km2 (máximo anhelo inglés), 159 mil Km2 aproximadamente de su territorio. 

Ahora bien, ni en el siglo 20,  ni en el siglo 21 ha habido por parte de Venezuela admisión de ese despojo territorial. Ni siquiera en el gobierno de Cipriano Castro, pues bajo actos de coacción violenta ejercida por los ingleses, tuvo que ordenar la incompleta fijación de algunos hitos de dudosa y rebatible ubicación, en consecución del Laudo-trampa de 1899.

Entonces, bajo este panorama y a efectos de una breve explicación del asunto, conviene advertir que desde la vista del Derecho Internacional Público, el reconocimiento,  la aquiescencia o la renuncia, si bien es cierto constituye un modo justificador de posesión  con respecto a un determinado territorio, no es posible considerar esta tesis a favor de la Guayana Británica en su momento o en la Guyana de Hoy, en circunstancias en la que Venezuela estaba completamente desprotegida, desinformada e inconsciente del gran fraude ocurrido en 1899 mediante el Laudo-trampa, como lo hemos bautizado, de París. Aparte, cuestiones de orden constitucional, entre otras razones fácticas, históricas y jurídicas, que impedían e impiden un reconocimiento de ese asunto; por demás, cabe señalar que la Constitución venezolana de 1893 que estuvo vigente hasta 1903 impedía cualquier disposición del territorio, de modo que era completamente nulo cualquier disposición o arreglo que afectara la integridad territorial, tal cual se mantuvo en las Constituciones posteriores e incluso en la Constitución de 1999 que prevé muy claramente la invalidez de todo acto de disposición territorial que estuviere afectado de nulidad. También, es propicia la ocasión para remarcar que el propio Laudo de Paris de 1899, por sí mismo, no es un título de adquisición territorial, pues sólo basta leer su contenido que carece de motivación y de expresión fidedigna de la titulación de procedencia, lo único que allí se expresa es una demarcación confusa. Por otro lado, la ejecutoria técnica en la colocación de marcas en el terreno de manera inconclusa y de equívoca llaneza, tampoco puede dar lugar a la pretendida titularidad del territorio polémico  y menos aún, ha habido un dejar de hacer de parte de los gobiernos venezolanos, incluso el actual gobierno, de modo que a distancia de lo divulgado por algunos voceros de las falacias, se han realizado las gestiones jurídicas, políticas y diplomáticas adecuadas para garantizar un manejo proporcionado para resolver la controversia territorial.  

Así, en distintas épocas en más de ciento quince años que tiene este asunto, hasta el hartazgo se ha declarado la nulidad por inexistencia del acto jurídico del infausto Laudo-trampa de 1899 y en consecuencia, se ha buscado a partir del Acuerdo de Ginebra de 1966, tratado bilateral que compromete a la República Cooperativa de Guyana como al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,  encontrar una solución pacífica, práctica y satisfactoria  para ambas partes en el marco de la diplomacia. 

A su vez, en relación con la obsesión guyanesa de reconducir el contencioso a la Corte Internacional de Justicia unilateralmente, debe insistirse en que esta instancia judicial carece del presupuesto procesal de la jurisdicción, la Jurisdicción de la CIJ se establece de forma convencional entre estados y particularmente sobre este asunto polemista, pues las características del Acuerdo de Ginebra de 1966 así lo perfilan y en todo caso,  como dice Klabbers,  la Corte siempre debe examinar la aceptación de ambos estados sobre su jurisdicción, the underlying reason is that if a state is not convinced the matter should go to ICJ, it wil not be very inclined to respect any judgment, especially not if the judgment goes against(2013). Es decir, el estado que no esté convencido de ir a la Corte, no estará inclinado u obligado a respetar ningún juicio sobre lo controvertido, salvo que haya aceptado la jurisdicción y los efectos del fallo, no obstante, ello no está exento de relatividades, como ya se ha observado en el caso Colombia- Nicaragua, en esta trama Colombia con el fallo en su contra, no reconoce los efectos de la sentencia dada por la CIJ dictada en el 2012. 

Cabe aclarar y añadir que Guyana pretende fundar la jurisdicción del tribunal internacional con la escogencia dada por el Secretario General de ONU de enviar a las partes a la CIJ en enero de 2018, cuestión que fue rechazada ampliamente por Venezuela y ha sido refutada en todo momento por el gobierno venezolano, ese rechazo de acudir a la CIJ se ha manifestado en el año 2016 con lo declarado por el anterior Secretario General Ban Ki Moon y seguido durante todo este tiempo. Otro argumento utilizado por Guyana es el proceso de formación del Acuerdo de Ginebra de 1966, en especial los discursos y comentarios del Canciller venezolano Irribarren Borges entre finales del año 1965 a febrero 1966, en la que supuestamente había señalado que el medio judicial estaría incluido en la previsión normativa del artículo 33 de la Carta ONU descrita en el artículo IV.2 de dicho instrumento bilateral. Ninguna de las dos tesis sirven para basar la jurisdicción de la CIJ, pues lo ejecutado por el Secretario General de ONU no tiene carácter vinculante ni obligatorio y los argumentos dados por la cancillería venezolana al tiempo de la formación del Acuerdo de Ginebra no describen un pacto convencional para litigar ante la CIJ, es decir no puede derivarse un pactum contrahendo para justificar la judicialización del caso, tampoco en el registro de la CIJ sobre los tratados que habilitan la jurisdicción de esta instancia judicial se reconoce este Convenio internacional entre Guyana y Venezuela. En tal sentido, los catedráticos de Derecho Internacional Público y ampliamente reconocidos juristas, quienes además exhiben importante experiencia forense ante la CIJ están contestes en afirmar esta línea argumental.

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